Entrevista a Maria Eugenia Rodríguez Palop

«Es imposible defender los derechos sociales soslayando el elemento comunitario y democrático que los sustenta»

 

Nuria del Viso

FUHEM Ecosocial

Maria Eugenia Rodríguez Palop es jurista y profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. En esta misma universidad, es investigadora y secretaria académica del Instituto de Estudios de Género y subdirectora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, donde dirige un grupo de estudios feministas y la Cátedra UNESCO sobre Violencia y Derechos Humanos. Ha sido investigadora visitante en varias universidades y centros de investigación europeos y colabora como docente en diversas universidades latinoamericanas.

Entre sus numerosas publicaciones, destacan las monografías La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación y Claves para entender los nuevos derechos humanos. Sus áreas de trabajo cruzan diversas temáticas: movimientos sociales, derechos emergentes, intereses colectivos, bienes comunes, ecología, feminismo, republicanismo, derecho al medio ambiente, derechos de las mujeres, y justicia restaurativa, entre otras. Pertenece al Foro Transiciones y al patronato de FUHEM. Es columnista en varios medios de comunicación progresistas. Como conocedora cercana del proceso de Barcelona en Comú, en esta entrevista reflexiona sobre el ejercicio de una mirada de género sobre las políticas locales en el nuevo municipalismo.


Nuria del Viso (NV): Existe una tradición en el liberalismo de parcelar los derechos, dando preeminencia a los derechos civiles, individuales. Como jurista próxima al nuevo municipalismo, ¿cómo está logrando esta corriente integrar e interrelacionar los derechos civiles con los políticos, los sociales y los ecológicos en el ámbito de la ciudad?

Maria Eugenia Rodríguez Palop (MERP): Hoy en día, en la lucha por los derechos no se puede obviar una idea clave que, sin embargo, el discurso liberal y el keynesianismo obvian, a menudo: es imposible defender los derechos sociales soslayando el elemento comunitario y democrático que los sustenta; no hay derechos sociales, sin derechos políticos, y no hay derechos políticos sin soberanía y sin autogobierno. Y el autogobierno tiene mucho que ver con la (auto)construcción de la identidad colectiva y del relato común.

Los derechos sociales tienen que concebirse como el fruto de una reflexión democrática, y esa reflexión no se da ni se puede dar en el vacío, sino que siempre está ligada a la adscripción, a ser parte de algo, de modo que consiste en interpretar la historia de nuestra vida personal en relación con la de los otros, nuestras necesidades básicas –presupuesto antropológico de los derechos– en relación con las de los otros. Entre otras cosas, porque la necesidad, aunque se sienta individualmente, es siempre el fruto de una construcción social e histórica. Es más, la propia libertad individual, la autoconsciencia y la autoestima, pueden realizarse únicamente en una vida social que inspire un compromiso con lo común, de otro modo nuestra vida sería «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta», como diría Hobbes.

«Los derechos sociales tienen que concebirse como el fruto de una reflexión democrática, y esa reflexión no se da, ni se puede dar, en el vacío, sino que siempre está ligada a la adscripción, a ser parte de algo»

En fin, la justicia social no puede defenderse obviando el sentido de pertenencia a una u otra comunidad, porque no se ocupa únicamente de la distribución de la riqueza, sino que también ha de considerar y valorar los vínculos que garantizan y cultivan dicha pertenencia. Como dice Sandel: la justicia no solo trata de la manera debida de distribuir las cosas, sino también de la manera debida de valorarlas. Esto significa que en una sociedad realmente justa la gente no solo disfruta de un cierto bienestar, sino que sabe y puede razonar sobre el significado de lo que es y de lo que quiere ser, y, desde luego, puede tomar decisiones al respecto –creando, por supuesto, una cultura pública que acoja las discrepancias–. De modo que garantizar la libertad de elección –los derechos civiles– y los derechos sociales exige también estimular, y no impedir, una política cohesionada de participación ciudadana; requiere fortalecer un espacio en el que se discuta sobre nuestras diferentes concepciones de la vida buena y en el que sea posible definir y redefinir nuestros bienes comunes.

Así que lo cierto es que una sociedad igualitaria, con derecho a la educación, la sanidad o la vivienda, es necesaria, pero no es ni puede ser suficiente, simplemente porque no se puede distribuir la riqueza sin hacer comunidad, y para hacer comunidad es imprescindible conocer, en primer lugar, y respetar, después, lo que tal comunidad es, piensa y quiere.

«Garantizar la libertad de elección -los derechos civiles- y los derechos sociales exige también estimular, y no impedir, una política cohesionada de participación ciudadana; requiere fortalecer un espacio en el que se discuta sobre nuestras diferentes concepciones de la buena vida y en el que sea posible definir y redefinir nuestros bienes comunes»

Evidentemente, nada de esto tiene que ver con tonos patrióticos y sentimentalismos excluyentes; con naciones históricas o identidades en conflicto. Hablamos de un republicanismo político en el que el discurso público pueda ser ampliado y en el que no se utilice la legalidad para acallar las diferencias, el derecho a decidir, la relevancia política del relato común, y el autogobierno.

Pues bien, en gran medida, haber asimilado esta idea ha sido la clave del éxito de ese municipalismo integrador, participativo y de vocación federativa que ha saltado a la esfera nacional en nuestro país, y que aspira también a revertir la política autoritaria y “austericida” que se nos ha impuesto desde Europa. Lo que llamamos hoy la “nueva política” es, en la práctica, esta política de lo común que visualiza como un todo la lucha por los derechos sociales, la radicalización democrática, la descentralización y el autogobierno, dándole a la gente la oportunidad de tomar decisiones, facilitando el encuentro y construyendo comunidad.

No hay duda de que esta forma de entender la democracia local es la que está canalizando mejor la recuperación de lo público (y la resistencia al expolio) de la que dependen, sobre todo, los ciudadanos más pobres y vulnerables. Ahí está la operadora eléctrica que pretenden poner en marcha los Ayuntamientos de Barcelona y de Pamplona a fin de abaratar el precio de la energía y de impulsar también el tránsito a un modelo energético más justo y sostenible. Y la buena noticia es que es una fórmula que se está empezando a extender por latitudes muy diferentes. En 2013 Hamburgo convocó un referéndum para recuperar el control de la electricidad; el gobierno finlandés ha recomprado el 53% de la red eléctrica nacional; se ha renacionalizado el petróleo y el gas en Argentina, Bolivia y Venezuela, y también el sistema energético en Lituania. No solo hablamos de fuentes energéticas. Según algunos estudios, en los últimos 15 años, se han registrado al menos 180 casos de remunicipalización del agua en 35 países, tanto en el Norte como en el Sur. Entre las principales ciudades que han remunicipalizado sus servicios se pueden contar Accra (Ghana), Berlín (Alemania), Buenos Aires (Argentina), Budapest (Hungría), Kuala Lumpur (Malasia), La Paz (Bolivia), Maputo (Mozambique) y París (Francia). Y lo que ha provocado este giro tan generalizado es que la gestión privada de los servicios públicos ha sido opaca, excluyente, cara e ineficiente.

La recuperación de los bienes públicos y comunes, como el que representa el agua, la energía o el suelo, expropiados hace años en forma de ventas, externalizaciones y partenariados público-privados, no solo ha mejorado el acceso y la calidad de los servicios –menos costes y mejores infraestructuras–, sino que, vinculando derechos sociales y derechos políticos ha garantizado también la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. No hay mejores ejemplos de integración de derechos sociales, políticos y ecológicos que los que representan estas nuevas formas de municipalismo más incluyentes y más audaces.

NV: Desde el nuevo municipalismo se pone mucho más énfasis en recuperar la ciudad, concebida como bien común. ¿Qué ejes articularían esa recuperación?

MERP: Yo diría que el modelo político de la ciudad como bien común se ha de apoyar, como mínimo, en estos cuatro ejes:

a) La radicalidad democrática e institucional, que exige superar los límites estructurales que padece la democracia representativa de partidos, optando por abrir más y mejores canales de participación ciudadana –pensemos en las restricciones que en España encuentra tanto el referéndum como la iniciativa legislativa popular, y que no se reproducen en otros países de Europa–; optando por articular mecanismos reales y efectivos de control que eviten la concentración del poder y exijan transparencia y rendición de cuentas; y buscando fórmulas de gobernanza para que la política institucionalizada sea más porosa y se vea obligada a dialogar con esa política no institucionalizada que se da en los movimientos, las asociaciones o los espacios de autogestión.

Esta radicalidad democrática puede articularse mejor en el ámbito local, dado que allí la política puede ser más transversal, más activa y más horizontal, y es donde debería resultar más fácil participar y debatir. De hecho, el municipalismo es, por definición, un empoderamiento ciudadano desde la base que exige una cultura política relacional y una nueva institucionalidad vinculada a procesos de regeneración democrática. Lo que Subirats llama «soberanías de proximidad».

b) La redistribución de la riqueza, que ha de orientarse a satisfacer necesidades básicas y no al incremento del consumo, a evitar la concentración de la riqueza en pocas manos, y a limitar la actividad especulativa. Es momento de tomarse en serio que la propiedad privada solo es legítima cuando tiene una función social y se orienta a la protección del bien común, porque su fundamento es político (no pre-político) y su valor es instrumental (no moral).

Pues bien, los ejemplos de remunicipalizaciones que he citado más arriba son una muestra de que esta forma de justicia social puede darse de manera más fluida en la ciudad porque es en el ámbito local donde priman esos vínculos de proximidad y esa cohesión social que exige la gestión de los bienes comunes. Y esa gestión, no lo olvidemos, es incompatible con la lógica de la concentración de la riqueza en pocas manos, entre otras cosas, porque ha de estar protagonizada por sus destinatarios (presentes y futuros).

«La recuperación de los bienes públicos y comunes no solo ha mejorado el acceso y la calidad de los servicios, sino que, vinculando derechos sociales y derechos políticos, ha garantizado también la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. No hay mejores ejemplos de derechos sociales, políticos y ecológicos que los que representan estas nuevas formas de municipalismo más incluyentes y más audaces»


c) Descentralización y autogobierno, que supone redistribuir el poder político y las competencias. Delegar en instancias infraestatales tanto el control sobre el territorio propio como la definición y la gestión de los comunes locales, porque el Estado no tiene ni puede tener la medida de todas las cosas. El empoderamiento de la ciudad, por supuesto, tiene que ir acompañado de un proceso de internacionalización democratizada y en red, como, de hecho, se está estimulando ya desde algunos Ayuntamientos, como el de Barcelona.

d) Comunidad, identidad y reconocimiento. En la definición de la ciudad como bien común son relevantes políticamente las prácticas comunes, los bienes relacionales (los vínculos que apreciamos) y los factores endógenos con los que la comunidad se autoidentifica. Y precisamente, el de la ciudad es el espacio inestimable en el que nacen las narrativas comunitarias y en el que se fortalece el discurso del (auto)reconocimiento y el relato común. Tengo bastante más confianza en estas construcciones “identitarias” que en las que pretenden liderarse desde espacios institucionales mucho más anquilosados, como el que del Estado o las Comunidades Autónomas, especialmente cuando, como sucede a veces, no se edifican desde abajo.

En definitiva y por todo esto, cuando hablamos de derecho a la ciudad hablamos de desarrollo territorial con democracia, justicia social, sostenibilidad ambiental, autogobierno (autonomía local) y respeto a las culturas locales.

NV: ¿En qué medida y de qué formas es relevante la perspectiva de género de forma trasversal en los ayuntamientos de modo que permee todas las políticas hacia la ciudad y al interior de la propia institución?

MERP: En primer lugar, está claro que en los municipios, especialmente, hay que salir de la lógica exclusiva de la concejalía de mujeres y políticas de igualdad, porque no se trata de abordar este asunto únicamente de manera sectorial. Introducir la perspectiva de género de manera transversal afecta a un sinfín de espacios relevantes para las mujeres: movilidad, vivienda y urbanismo, educación, comunicación, iniciativa empresarial, ámbito laboral, sin dejar de lado el núcleo familiar que puede llegar a ser un lugar peligroso para las mujeres.

Los llamados Ayuntamientos del cambio han incorporado esta perspectiva en el diseño, análisis e implementación de sus actuaciones municipales haciendo especial hincapié en la violencia machista y de género, la política de cuidados y corresponsabilidad, la feminización de la pobreza, el mundo del trabajo y la prestación de servicios. De hecho, no son pocos los que exigen ya cláusulas de igualdad en contratos, convenios y subvenciones públicas.

No es que la perspectiva de género sea más o menos relevante, es que es ineludible y, como tal, tiene que ser transversal.

NV: ¿Y cómo esta incorporación mejora la calidad de vida de la ciudadanía?

MERP: Que todas estas políticas mejoran la calidad de vida de las mujeres y, por tanto, de la ciudadanía en general, es una evidencia. Y es una evidencia que resulta, además, revolucionaria en la medida en la que altera el paradigma institucional, político y económico con el que veníamos funcionando.

Como he dicho más arriba, las políticas de igualdad no son un asunto exclusivo de las mujeres, ni se articulan solo por y para las mujeres. Cuando la visión feminista y de género penetra en los planes municipales cambia sustancialmente la orientación de los derechos, los servicios y la planificación económica. No es lo mismo articular políticas públicas en diálogo con el afuera, que no hacerlo; no es lo mismo poner en el centro el cuidado y la sostenibilidad de la vida, que no hacerlo; no es la misma una sociedad que visibiliza a los vulnerables, a los silenciados, que una sociedad que los oculta o los condena al ostracismo.

Ahí está, por ejemplo, el plan de salud comunitaria que se está implantando en diferentes municipios españoles con el que se promueven programas destinados a todas las fases del ciclo vital, como actividades sobre la crianza de los hijos, la lucha del consumo de drogas para adolescentes, y deporte para ancianos, por ejemplo, mejorando así también su eventual situación de soledad y aislamiento. Esta es una política sanitaria feminista y transformadora porque fortalece vínculos y se apoya en el valor de la comunidad, la experiencia y el microrrelato. ¿No mejora esto la calidad de vida de la gente? No solo de las mujeres, sino de la ciudadanía, y de todos los grupos que están en situación de vulnerabilidad.

NV: De las experiencias que conoces del nuevo municipalismo, ¿se está llevando a cabo una incorporación integral de la mirada de género, o sigue aislada en el pequeño cajón de las “políticas de igualdad”? ¿Qué ejemplo destacarías de buena práctica en este sentido?

MERP: Bueno, esta pregunta la he respondido más arriba. Los Ayuntamientos del cambio, en algunos casos liderados por mujeres (Madrid y Barcelona), han incorporado la perspectiva de género de manera transversal, añadiendo en ocasiones, además, una concejalía específica: la de Igualdad y Diversidad, en A Coruña, o la de Feminismos y LGTBi en Barcelona.

Y en este cuadro, creo que puede destacarse el Ayuntamiento de Barcelona que ha creado un departamento de transversalidad de género ubicado en la primera tenencia y financiado con recursos generales, de manera que logra permear todos los mecanismos de cambio institucional. Este departamento asesora, además, a todas las direcciones, departamentos y distritos para que incluyan la perspectiva de género. Se ha creado también un departamento de economía de los cuidados y se piensa en articular medidas que tengan impacto en áreas muy dispares, como la de urbanismo, por ejemplo. Porque las barreras y las fronteras arquitectónicas que convierten a la ciudad en un lugar inaccesible, excluyen sobre todo a los más vulnerables, que son los que precisan de la proximidad y la integración. Diría, sin duda, que este es un ejemplo de buenas prácticas.

NV: ¿En qué medida los procesos de conformación de listas, elaboración de políticas y ejecución de las mismas en el nuevo municipalismo han incorporado la mirada de género?

MERP: La importancia de la paridad en la confección de las listas así como en el ejercicio gubernamental, es de una importancia indudable. Las listas cremalleras, que van allá de la Ley de Igualdad, se han aplicado en prácticamente todas las candidaturas del llamado nuevo municipalismo, y en los lugares en los que gobiernan las fuerzas del cambio, como nos cuenta en este mismo boletín Gemma Ubasart, los gobiernos son perfectamente paritarios (A Coruña, Badalona y Madrid), o incluso con leves inclinaciones en favor de las mujeres (Barcelona y Cádiz).

«Cuando hablamos del derecho a la ciudad hablamos de desarrollo territorial con democracia, justicia social, sostenibilidad ambiental, autogobierno (autonomía local) y respeto a las culturas locales»

No obstante, es evidente, que, aunque la articulación de políticas igualitarias es claramente efectiva, una mayor o menor presencia de mujeres en tal o cual lugar no garantiza automáticamente la mirada de género, ni una transformación en la manera de hacer política. Es más, la sumisión y la complacencia con las que actúan algunas mujeres cuando alcanzan el poder, la domesticación que somatizan en el proceso, no hace más que fortalecer el machismo en política y el dominio viril. Por eso, la presencia femenina en política y el acceso de las mujeres a las estructuras de poder, no es solo una cuestión cuantitativa sino que ha de tener, sobre todo, una dimensión cualitativa. Es decir, para que la política tenga un impacto positivo en la vida de las mujeres y coadyuve al progreso de una sociedad, hay que asumir una relectura femenina y feminista del mérito, la capacidad y las propias reglas internas del sistema, y hay que hacer una apuesta seria por la democracia paritaria que no solo consiste en lograr la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de decisión. Por eso, cuando algunas feministas reivindicamos la feminización de la política lo que queremos no es solo una política con presencia de mujeres, sino una política organizada en torno a la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. Una política que ponga lo relacional en el centro, que se oriente a construir formas estables de lo común, facilite encuentros, sincronice ritmos. Una política en la que el poder no se ejerza verticalmente sobre los otros, sino con los otros (Petra Kelly); un "liderazgo transformacional" que fomente el trabajo en equipo, la horizontalidad, la participación y el poder compartido. Y este es, a mi modo de ver, el auténtico reto que tenemos por delante: fomentar desde la política una transformación cultural, de percepción y sensibilidad que cambie nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo.

NV: El ámbito de la ciudad, por su proximidad a la ciudadanía, parece el más indicado para construir la calidad de vida en distintos ámbitos. ¿Cómo afecta la Ley de Régimen Local de 2013 a la autonomía de los municipios? ¿Qué margen de maniobra les deja?

MERP: La Ley de Régimen local ha instaurado un nuevo modelo de Estado sometido al paradigma del control del déficit público y la estabilidad presupuestaria y trata de desactivar el poder local del municipio, sin promover un cambio en sus funciones económicas y sin abordar los problemas que ha llevado a ciertos ayuntamientos a una situación crítica. Es decir, sin resolver ninguno de los elementos que han ocasionado la crisis municipal, como la debilidad financiera, el secuestro de la democracia local por intereses privados, y la subordinación a la lógica del crecimiento. De hecho, la Ley apuesta por la recentralización de competencias, a la vez que propugna una enorme pérdida de autonomía municipal en la gestión presupuestaria y en la prestación de servicios.

Para empezar, los municipios tienen atribuidas una serie de competencias propias que no pueden ser ampliadas más que por delegación, bajo control, sujetas a revocación y solo a fin de reducir costes, algo que ha suscitado una resistencia considerable, y no pocos recursos de inconstitucionalidad (art. 25). Con esta Ley, los ayuntamientos ya no podrán participar en la gestión de la atención primaria de la salud, ni en la prestación de los servicios sociales, promoción y reinserción social. Un espacio valiosísimo para los ciudadanos que ahora se situará mucho más lejos de ellos.

Para seguir, en algunas de sus Disposiciones adicionales y transitorias (DA 15ª, DT 1ª y DT 2ª) nuestra Ley pretende que las comunidades autónomas (CCAA) recuperen las competencias que delegaron en los entes locales relativas a servicios educativos y sanitarios, así como a prestaciones sociales.

Y para rematar, se impide cualquier colaboración con otras administraciones en la prestación de un servicio de incidencia local que pudiera no estar suficientemente cubierto por la administración competente. Gracias a esta colaboración durante años los ayuntamientos han asumido prestaciones que la mayoría de los ciudadanos consideraban esenciales, como las guarderías, los centros de mayores, las escuelas de formación de adultos, la promoción del medio ambiente, la asistencia social a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, las oficinas de atención a la mujer y a los consumidores, vivienda, dependencia…, aunque no disponían de ninguna dotación presupuestaria para ello. El vaciamiento al que se enfrentan ahora estos mismos ayuntamientos no puede ser mayor.

«Una sociedad igualitaria, con derecho a la educación, la sanidad o la vivienda, es necesaria, pero no es ni puede ser suficiente, simplemente porque no se puede distribuir la riqueza sin hacer comunidad, y esto nada tiene que ver con tonos patrióticos y sentimentalismos excluyentes; hablamos de un republicanismo político en el que el discurso público pueda ser ampliado. Haber asimilado esta idea ha sido la clave del éxito de ese municipalismo integrador, participativo y de vocación federativa»

Todo esto se agrava si de lo que hablamos es de municipios de menos de 20.000 habitantes, porque la Ley les obliga a calcular el coste exacto de los servicios prestados, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Hacienda, y a coordinarse con la Diputación Provincial (o similar) si el coste efectivo resulta ser superior al que ofrece la Diputación. De manera que si el ayuntamiento en cuestión quiere mantener la prestación, o bien ha de aumentar la presión fiscal para obtener los recursos que necesita, o bien disminuir la calidad del servicio para abaratarlo. Si no puede mantenerlo, y la Diputación (o similar) no se hace cargo, la única solución es eliminarlo o externalizarlo, con lo que el servicio pasará, con toda probabilidad, a manos de esas grandes empresas ajenas al espacio local que funcionan a base de subcontratas. Por consiguiente, o los servicios no se prestan, o se prestan en una escala provincial, más alejada de las necesidades y el control de su base ciudadana, o caen en las redes de empresas privadas que suelen ofrecerlos a un precio más alto y con menor beneficio para los trabajadores y la comunidad.

El espacio, pues, que esta Ley deja a los municipios resulta totalmente asfixiante, y esto es lo que ha llevado no solo a plantear su posible inconstitucionalidad (por violación de la autonomía local y ya reconocida en algunos casos), sino a que se haya intentado su derogación por vía parlamentaria (con la oposición del PP, PSOE y Ciudadanos). Es lo mismo que ha animado a no pocos municipios a resistir en red frente a la Ley, solicitando cambios urgentes que les permitan gestionar sus recursos, obtener potestad normativa en impuestos como IRPF, IVA o IBI, o reforzar sus plantillas.

Lo cierto es que esta Ley ha sido un golpe durísimo a los ayuntamientos y muchos de ellos han quedado, de hecho, intervenidos, sin capacidad para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, mientras se les está obligando, absurdamente, a acumular superávits millonarios en la caja o a destinarlos a amortizar la deuda.

En fin, está claro que mi valoración no puede ser más negativa, pero en esto estoy muy bien acompañada, porque el movimiento de resistencia es cada vez más amplio y el propio Tribunal Constitucional está desmantelando algunos puntos de la Ley. Así que creo, francamente, que es posible sobrevivir a este disparate. Hay quien quiere poner puertas al campo y cree que puede conseguirlo con un ejercicio del poder en bruto, pero esa visión autoritaria de la política resulta ser muy miope y suele tener un recorrido muy corto, a no ser, eso sí, que el Gobierno esté dispuesto a dinamitar la base misma del sistema democrático. El municipalismo ha venido para quedarse, le guste o no le guste a unos o a otros, y es una joya; el mejor laboratorio que tenemos hoy de lo que ha de ser la política del mañana.

 

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